Bajo la indiferencia de Morena, PRI Campeche expone homicidio que pudo evitarse

El asesinato de Aracely Margarita Contreras Luna, ganadera del municipio de Carmen, no fue un hecho fortuito ni un crimen pasional: fue una ejecución anunciada, evitada por todos y protegida por nadie. Su muerte, ocurrida a plena luz del día frente a su rancho en Aguacatal, exhibe de forma cruda la indolencia, negligencia y complicidad de autoridades municipales y estatales, que, a pesar de conocer las amenazas en su contra, no movieron un dedo para protegerla.

Aracely había ganado —apenas unos días antes— una batalla legal tras años de acoso y despojo. Un juez le reconoció su derecho a una parte del rancho que había trabajado durante años con su esposo. La resolución ordenaba el desalojo de quienes lo ocupaban ilegalmente, entre ellos, sus propios cuñados, quienes la habían amenazado de muerte en múltiples ocasiones.

Ella misma documentó las agresiones. Las denunció ante la Fiscalía, ante autoridades del municipio del Carmen, incluso frente a representantes estatales. Entregó videos, fotografías, testimonios. Mostró cómo incendiaban su propiedad, cómo la perseguían, cómo la insultaban. Todo quedó registrado. Pero no hubo protección.

Hasta que fue demasiado tarde.

El pasado lunes, mientras se dirigía a su rancho, fue interceptada por sujetos armados. Iba acompañada de su hija, quien también resultó herida. Aracely murió por atreverse a defender lo que era suyo. Murió por no haber sido escuchada. Murió porque el gobierno de Layda Sansores y el municipio del Carmen la dejaron sola.

El PRI Campeche exige justicia

Frente a este crimen atroz, el Partido Revolucionario Institucional en Campeche ha alzado la voz y ha dado un paso más: ha presentado formalmente una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado para que se investigue a las autoridades que, con conocimiento pleno de las amenazas, decidieron no intervenir. La omisión también es delito. La indiferencia, en estos casos, es complicidad.

“No podemos permitir que este caso quede impune ni que la negligencia de funcionarios públicos quede sin sanción. Los responsables del asesinato directo deben enfrentar la justicia, pero también los responsables de la inacción institucional. Porque si las instituciones no protegen, fallan en su razón de ser”, declaró un portavoz del PRI estatal.

El trágico caso de Aracely no solo es una historia de violencia, sino una tragedia institucional. Demuestra cómo la falta de mecanismos eficaces de prevención, la pasividad institucional y el abandono de las víctimas cuesta vidas en Campeche. Y cómo, bajo gobiernos como el de Morena, la justicia llega —si es que llega— demasiado tarde para quienes claman ayuda a tiempo.

Exigir rendición de cuentas es deber político

El PRI Campeche ha sostenido que la exigencia de justicia y transparencia ante este tipo de hechos no es una postura partidista, es una responsabilidad ética. No es aceptable que, en pleno 2025, una mujer tenga que elegir entre callar o morir por defender su patrimonio.

Por eso, el PRI hace un llamado no solo a castigar a los asesinos, sino a investigar a fondo a las autoridades omisas. A los funcionarios que, teniendo todos los elementos, no desplegaron medidas de protección ni aseguraron su integridad. Es urgente que se establezcan responsabilidades administrativas, penales o políticas contra quienes ignoraron las denuncias de Aracely.

“Si en vida no pudieron garantizarle seguridad, que al menos en muerte no le nieguen la dignidad de castigar a sus asesinos. Porque una justicia que no protege, no es justicia: es simulación.”

Justicia y memoria

Aracely no murió por casualidad: fue asesinada por un sistema que la desamparó. Su caso debe ser un parteaguas. Un recordatorio de lo que ocurre cuando las autoridades están más ocupadas en discursos y propaganda que en atender el clamor ciudadano.

El PRI Campeche sostiene que la verdadera transformación comienza por proteger a quienes trabajan la tierra, a quienes no tienen escoltas ni reflectores, pero que sí tienen derechos. Hoy, con profunda indignación y firmeza, exige justicia.

Porque cuando el Estado abandona a los ciudadanos, la impunidad se convierte en la única ley vigente.