Cristina Ruíz acusa a Morena de negligencia mortal y corrupción

El caso de Fernandito y Dulce ha conmocionado al Estado de México y puesto bajo la lupa la actuación de las autoridades. De acuerdo con los familiares, en los días previos a su asesinato se presentaron múltiples denuncias alertando sobre el peligro que enfrentaban, pero fueron ignoradas o atendidas de forma tardía. Lejos de activar de inmediato protocolos de búsqueda y medidas de protección, las instancias responsables optaron por aplazar la atención, desperdiciando horas y días que resultaron decisivos. Para el PRI, esta cadena de omisiones no solo evidencia la incapacidad del gobierno de Morena para responder ante emergencias, sino también una alarmante indiferencia hacia la vida de las personas más vulnerables.

En una conferencia de prensa de alto voltaje político, Cristina Ruíz, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, lanzó un contundente mensaje contra el gobierno morenista. Acusó que la muerte de Fernandito y Dulce es consecuencia directa de la negligencia de las autoridades estatales, quienes ignoraron denuncias urgentes, desperdiciaron días clave y respondieron con un frío “regrese después” en lugar de actuar de inmediato para proteger sus vidas. “No fueron víctimas de la casualidad ni de un destino cruel: fueron víctimas de un gobierno que decidió no actuar”, sentenció.

La priista advirtió que esta omisión no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de impunidad y desatención que ha debilitado la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad. Señaló que mientras se normaliza la violencia, el presupuesto de 209 mil millones de pesos destinado a programas sociales se maneja con una opacidad inaceptable. “No sabemos dónde está ese dinero, quién lo recibió ni si realmente llegó a las familias que más lo necesitan. Lo único claro es que Morena lo esconde, miente y lo utiliza como herramienta política”, acusó.

Ante este escenario, Cristina Ruíz exigió la realización inmediata de una auditoría independiente que permita conocer el destino de cada peso y exhibir a los responsables del manejo irregular de los recursos. Asimismo, planteó una propuesta legislativa para que los programas sociales queden establecidos en la Constitución del Estado de México, garantizando su permanencia, presupuesto seguro, mecanismos de fiscalización estrictos y blindaje contra su uso electoral.

“La justicia no es negociable y la transparencia no es opcional. No vamos a permitir que se siga jugando con el dolor de las familias ni con el dinero del pueblo mexiquense. Este es un llamado firme para que Morena deje de servirse del poder y empiece, por primera vez, a servir a la gente”, concluyó Ruíz, asegurando que el PRI seguirá dando la batalla en las calles, en el Congreso y en los tribunales.