El golpe oculto al bolsillo mexiquense que nadie vio venir

La dirigencia del PRI Estado de México ha levantado una enérgica protesta contra la reciente alza a la tarifa del transporte público, un aumento que califican como un "tarifazo" impuesto por el partido Morena de manera "en lo oscurito". El incremento, que lleva la tarifa mínima de 12 a 14 pesos por los primeros cinco kilómetros, golpea directamente la economía de los mexiquenses a partir de este mes, consolidando al EdoMéx entre las entidades con el pasaje más caro del país. El partido condena la falta de diálogo y sensibilidad social, argumentando que las familias fueron traicionadas por una decisión tomada sin consultar a la ciudadanía, afectando a los millones de usuarios que diariamente dependen del transporte para sus actividades esenciales.

La indignación del PRI se fundamenta en el doloroso contraste entre el aumento tarifario y la mala calidad crónica del servicio de transporte en el Estado de México. Lejos de ofrecer unidades dignas, eficientes y seguras, los usuarios mexiquenses enfrentan a diario el riesgo de asaltos, unidades en malas condiciones físico-mecánicas y tiempos de traslado excesivos. A pesar de que la ley establece la obligatoriedad de los concesionarios de mejorar el servicio para justificar cualquier ajuste, la realidad en las calles y carreteras del estado demuestra que la relación precio-calidad es deplorable. Por ello, la dirigencia del PRI exige que el aumento sea sometido a una Consulta Popular, ya que las decisiones que impactan el bolsillo del pueblo deben tomarse "con la voz del pueblo, no en despachos, ni a escondidas".

El PRI en la entidad, en su rol de oposición, declara estar "en contra" de esta medida, al considerarla inaceptable y un castigo directo a la gente que trabaja, estudia o busca el sustento. La postura del partido es clara: el aumento no es modernización, sino un acto de insensibilidad política. El PRI Estado de México reitera su compromiso de defender a las familias mexiquenses y utilizará su plataforma para oponerse al incremento, manteniendo la presión para que se revierta la medida y se priorice la seguridad y la eficiencia del servicio. La exigencia es unánime: la ley no puede ser un instrumento para castigar a los ciudadanos y premiar la ineficiencia.