PRI Estado de México exige justicia y transparencia

En una conferencia de prensa cargada de señalamientos, el Comité Directivo Estatal del PRI acusó al gobierno de Morena en el Estado de México de actuar con negligencia criminal en el caso de Fernandito y Dulce, dos jóvenes que —según el tricolor— pudieron seguir con vida si las autoridades hubieran atendido las denuncias oportunamente. La dirigencia priista aseguró que en lugar de desplegar acciones inmediatas para su localización y protección, las dependencias involucradas optaron por el letal “vuelva después”, perdiendo días decisivos que resultaron fatales.

Los líderes del PRI mexiquense insistieron en que no se trató de un error aislado, sino de un patrón de desatención e indiferencia institucional que se repite en diversos casos de violencia y desaparición en la entidad. “Fernandito y Dulce no murieron por un accidente del destino; murieron porque quienes tienen la responsabilidad de protegerlos decidieron no hacerlo”, aseveraron. El partido exigió que la Fiscalía estatal y las áreas de seguridad rindan cuentas públicas sobre las omisiones en el caso, incluyendo un informe detallado de las acciones —o inacciones— emprendidas desde que se recibieron las denuncias.

El reclamo no se limitó al ámbito de la justicia. El PRI también arremetió contra el manejo financiero de la administración morenista, particularmente en lo referente a los 209 mil millones de pesos destinados a programas sociales. Según el tricolor, este presupuesto, que debería impactar directamente en el bienestar de la población más vulnerable, se diluye entre opacidad, discrecionalidad y ausencia total de rendición de cuentas. “No hay claridad sobre quién recibe ese dinero, cómo se entrega ni si realmente llega a las familias que lo necesitan. Morena lo administra como si fueran recursos propios, ocultando información y usándolo con fines políticos”, señalaron.

Ante esta situación, la dirigencia priista exigió una auditoría inmediata, independiente y con acceso público a los resultados, para determinar el destino de cada peso asignado a estos programas. “El Estado de México no puede normalizar que se juegue con la vida de las personas y con el dinero de la gente. Morena se sirve del poder mientras esconde la verdad”, enfatizaron. El PRI advirtió que mantendrá una postura firme, llevando estos señalamientos a instancias nacionales y legislativas hasta que haya justicia para las familias afectadas y transparencia total en el uso de los recursos públicos.

Fernandito y Dulce eran dos jóvenes mexiquenses que, de acuerdo con testimonios y reportes previos, se encontraban en una situación de riesgo evidente antes de su asesinato. Vecinos y familiares presentaron denuncias y alertas formales ante las autoridades competentes, advirtiendo que sus vidas corrían peligro. Sin embargo, en lugar de activar protocolos de búsqueda y protección de manera inmediata, las dependencias responsables respondieron con retrasos burocráticos y falta de coordinación, dejando pasar días cruciales. Este tiempo perdido, denunció el PRI, marcó la diferencia entre la vida y la muerte de las víctimas, convirtiendo el caso en un símbolo de la omisión institucional y la falta de respuesta del gobierno morenista.