Cristina Ruiz advierte que detrás de la narrativa de austeridad se esconde un modelo que concentra recursos, elimina contrapesos y abre espacio a decisiones con impacto político y social profundo.
La narrativa de austeridad se ha convertido en uno de los pilares discursivos del actual gobierno, pero detrás de ese mensaje empieza a configurarse otra historia: una donde el uso de los recursos públicos no solo carece de claridad, sino que responde a decisiones que reconfiguran el poder y debilitan los equilibrios institucionales. No es solo un tema de gasto, es un modelo de gobierno que redefine las reglas del juego.
En ese contexto, la diputada local y presidenta estatal del PRI, Cristina Ruiz, sostiene que la llamada austeridad de Morena no es más que una fachada. Su señalamiento no se limita al discurso, sino que apunta a lo que considera un patrón sistemático: grandes proyectos con sobrecostos, decisiones que implican pérdidas millonarias y un manejo de recursos que, en su lectura, dista mucho de cualquier lógica de ahorro.
El fondo, advierte Ruiz, no está únicamente en las cifras, sino en lo que representan. Obras como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o la cancelación del aeropuerto de Texcoco, junto con casos como Segalmex o el huachicol fiscal, configuran un escenario donde el gasto público deja de ser un instrumento de desarrollo para convertirse en un mecanismo de control político. Ahí es donde la discusión deja de ser técnica y se vuelve estructural.
Ruiz sostiene que, bajo la bandera de la austeridad, Morena no solo ha justificado decisiones cuestionables, sino que también ha debilitado instituciones, eliminado contrapesos y reducido los espacios de vigilancia. En su lectura, esta combinación no es casual: responde a una lógica donde el poder se concentra mientras se desmantelan los mecanismos que podrían exigir rendición de cuentas.
Porque al final, el problema no es solo cuánto se gasta, sino cómo y para qué. Y cuando el discurso oficial insiste en hablar de ahorro mientras las cifras apuntan en otra dirección, lo que queda en entredicho no es solo una política pública, sino la credibilidad de todo un proyecto de gobierno. Y ahí es donde empieza lo serio.
