El PRI Estado de México advierte que la operación millonaria en Tultitlán carece de certeza jurídica y pudo afectar servicios básicos para la población
El uso de recursos públicos en Tultitlán ha encendido alertas tras darse a conocer una operación por más de 43.5 millones de pesos destinada a la compra de terrenos ejidales que, de acuerdo con información pública, no cuentan con certeza jurídica. El PRI Estado de México señaló que este tipo de decisiones no solo generan dudas sobre la legalidad del proceso, sino que evidencian una desconexión con las necesidades urgentes de la población, en un municipio donde persisten carencias en servicios básicos.
De acuerdo con los datos disponibles, en una primera etapa se habrían transferido 38.5 millones de pesos a una asociación civil para la adquisición de aproximadamente 27 hectáreas de terrenos. Sin embargo, el punto más cuestionado es que dichos predios no contaban con escritura pública, lo que pone en entredicho la viabilidad y legalidad de la operación. A esta cifra se suma un pago adicional de 5 millones de pesos realizado en 2023 al Fondo Nacional de Habitaciones Populares, sin que hasta el momento se haya resuelto la situación jurídica de los terrenos.
El PRI Estado de México subrayó que el monto total involucrado —43.5 millones de pesos— representa un recurso significativo que pudo haber sido destinado a atender problemáticas urgentes en Tultitlán, como el acceso al agua potable, el mejoramiento de calles o el fortalecimiento de la seguridad pública. En este sentido, se advierte que la falta de claridad en el uso de estos recursos contrasta con las necesidades cotidianas de la población.
Además, se enfatizó que este caso no debe entenderse únicamente como un asunto administrativo, sino como un tema de interés público que requiere atención a nivel municipal, estatal e incluso nacional. La magnitud de los recursos involucrados y la ausencia de certeza jurídica convierten este caso en un ejemplo de la importancia de contar con mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas.
El PRI Estado de México señaló que la ciudadanía tiene derecho a conocer con precisión qué ocurrió con estos recursos, quién autorizó la operación y bajo qué condiciones se llevó a cabo. La falta de información clara no solo genera desconfianza, sino que también debilita la credibilidad de las instituciones encargadas de administrar los recursos públicos.
Asimismo, se advirtió que la opacidad en este tipo de decisiones puede tener consecuencias directas en la calidad de vida de las personas, ya que cada peso mal utilizado representa una oportunidad perdida para mejorar las condiciones de infraestructura, servicios y seguridad en las comunidades.
En este contexto, el PRI Estado de México hizo un llamado a que se esclarezca el destino de los recursos y se garantice que cualquier operación de este tipo cuente con sustento legal y transparencia total. La exigencia no es menor: se trata de asegurar que el dinero público se utilice en beneficio de la ciudadanía y no en operaciones que generan más dudas que certezas.
