¡Alerta rural! El PRI Estado de México respaldó a la CNC en su denuncia por la Ley de Aguas de Morena que arriesga el patrimonio

El PRI Estado de México fue el anfitrión del Foro "Agua para todos con leyes justas", un evento crucial donde la Confederación Nacional Campesina (CNC) alertó a la sociedad sobre los graves riesgos que implica la legislación en materia de agua impulsada por el partido en el poder, Morena. El partido mexiquense reafirmó su compromiso con el sector rural al abrir este espacio de debate y denuncia.

En el foro se expuso que la propuesta de ley representa una amenaza directa para el campo. La CNC señaló que esta iniciativa pone en riesgo el patrimonio de las familias rurales, al introducir restricciones que limitan la capacidad de los productores para disponer legalmente del recurso hídrico vinculado a sus tierras.

La principal crítica se centró en la esencia política de la propuesta. Se advirtió que la legislación tiene como objetivo concentrar el poder de decisión en la autoridad federal, eliminando la participación de las comunidades y los productores en la gestión del agua. Esta medida, a juicio de la CNC, convierte el agua en un instrumento de control político.

Tanto la CNC como el PRI Estado de México coincidieron en que el agua no debe ser nunca un instrumento político ni un privilegio de unos cuantos. Por el contrario, debe ser entendida como un bien estratégico para la soberanía alimentaria y un derecho humano que debe ser administrado con justicia, equidad y respeto por los usos y costumbres de los campesinos.

El PRI Estado de México concluyó el foro reafirmando que luchará contra cualquier intento de despojo o centralización. El partido se compromete a seguir defendiendo leyes que garanticen el acceso al agua para todos, con la premisa de que la justicia social comienza por asegurar los recursos vitales para la subsistencia y el desarrollo del campo mexiquense.

La dirigencia del PRI Estado de México hizo hincapié en que esta legislación es una muestra más del autoritarismo del partido en el poder, pues fue elaborada sin la participación real de los usuarios ni de los gobiernos locales, que son quienes conocen las necesidades específicas de cada región. El partido lamentó que, al concentrar todas las facultades en la autoridad federal, la ley elimina la posibilidad de que los campesinos y las comunidades tomen decisiones sobre el manejo de sus propios recursos, rompiendo así con la tradición de diálogo y gestión comunitaria.