En el Estado de México, como en gran parte del país, la realidad desmiente todos los discursos oficiales. La estrategia de seguridad del gobierno de Morena ha demostrado ser un fracaso rotundo que solo beneficia a los delincuentes, quienes hoy saben perfectamente que no hay castigo, que la ley no se aplica y que la autoridad ha sido rebasada. La impunidad dejó de ser una excepción para convertirse en costumbre, mientras las familias viven con miedo y normalizan lo que nunca debió normalizarse.
Morena prometió una transformación profunda, pero lo que transformó fue la ausencia del Estado frente al crimen. Bajo el discurso de los “abrazos” se abandonó a la ciudadanía, se debilitó a las instituciones de seguridad y se dejó solos a policías, ministerios públicos y víctimas. Hoy, los delincuentes operan con total conocimiento de que difícilmente enfrentarán consecuencias, porque el gobierno ha renunciado a ejercer su responsabilidad básica: garantizar la seguridad y el estado de derecho.
En el PRI Estado de México señalamos con claridad que esta política de permisividad ha tenido costos humanos incalculables. La violencia ya no es un hecho aislado, es parte del día a día. La gente modifica rutinas, evita salir de noche, vive con temor constante y aprende a sobrevivir en un entorno donde el delito parece tener más derechos que las víctimas. Eso no es transformación, es abandono institucional.
La narrativa oficial intenta minimizar la gravedad de la situación, pero los hechos son contundentes. Cuando no hay castigo, el delito se reproduce; cuando no hay ley firme, la violencia crece; y cuando no hay autoridad, el miedo se instala. Morena ha fallado en comprender que la paz no se construye con discursos, sino con instituciones fuertes, aplicación de la ley y una estrategia seria que proteja a la ciudadanía.
Desde el PRI Estado de México alzamos la voz porque no estamos dispuestos a aceptar que la inseguridad sea el pan de cada día. México y el Estado de México merecen un gobierno que enfrente al crimen, no que lo tolere; que proteja a las familias, no que las exponga; y que haga valer la ley sin excusas. La impunidad no puede seguir siendo política pública, y la seguridad no puede seguir siendo una promesa vacía.
