PRI Estado de México exige justicia y responsabilidad tras tragedia del Tren Interoceánico

El PRI Estado de México expresó su profundo pesar por la tragedia ocurrida en el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca, que dejó al menos 13 personas fallecidas y más de 90 lesionadas en un convoy que transportaba a aproximadamente 241 pasajeros y nueve tripulantes. El incidente se registró cuando la locomotora principal salió de la vía en un tramo de la Línea Z, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto estratégico que busca conectar el Pacífico con el Golfo de México para potenciar comercio e infraestructura logística.

El comité estatal del PRI señaló que, más allá de las condolencias oficiales, la sociedad exige respuestas claras y responsables sobre lo ocurrido y por qué fallaron los mecanismos de seguridad de un proyecto de tal magnitud. Además, advirtió que esta tragedia representa una alerta sobre la necesidad de evaluaciones técnicas imparciales y auditorías profesionales, pues los controles existentes no pudieron evitar que vagones terminaran fuera de la vía, con consecuencias fatales.

Para el PRI Estado de México, este accidente revela que las supervisiones y protocolos de operación deben ser revisados sin demoras. Aunque autoridades federales activaron protocolos de emergencia y equipos de rescate para atender a víctimas y trasladar a los lesionados a hospitales cercanos, el partido insistió en que la prevención debe ser la prioridad, y que la ciudadanía merece infraestructura que funcione con modelos comprobados de seguridad y mantenimiento.

El comité también enfatizó que la gestión de recursos públicos y la ejecución de obras estratégicas deben estar respaldadas por estándares internacionales, controles técnicos independientes y transparencia absoluta. En este contexto, pidieron que las investigaciones no se limiten a declaraciones oficiales, sino que cuenten con la participación de expertos externos y auditorías sin sesgos.

Finalmente, el PRI Estado de México reiteró su compromiso con las familias afectadas y con la sociedad en general, sosteniendo que la justicia, la seguridad y la rendición de cuentas no pueden ser negociables en la ejecución de obras que impactan directamente la vida de la población.