El PRI Estado de México, a través de Cristina Ruiz Sandoval, exigió una auditoría al gobierno de Tultitlán y transparencia sobre contratos por más de 72.7 millones de pesos, así como avances en investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción.
El PRI Estado de México, a través de su presidenta Cristina Ruiz Sandoval, denunció que el municipio de Tultitlán se ha convertido en rehén de la corrupción, al señalar una serie de irregularidades que, lejos de aclararse, permanecen sin respuesta, generando un clima de desconfianza entre la ciudadanía, particularmente en lo relacionado con el manejo de recursos públicos y la falta de transparencia en la toma de decisiones dentro de la administración municipal.
En este contexto, la dirigencia priista exigió la realización de una auditoría al gobierno municipal, con el objetivo de esclarecer el destino de más de 72.7 millones de pesos correspondientes a contratos que han sido señalados por su posible asignación bajo condiciones irregulares, destacando que estos recursos pertenecen a la ciudadanía y que su uso debe ser explicado con claridad, sin reservas y con apego a la legalidad.
Cristina Ruiz Sandoval subrayó que, aunque se han presentado argumentos formales para justificar estos procesos, persisten dudas razonables sobre la forma en que se llevaron a cabo, particularmente en lo relacionado con esquemas de contratación que, si bien pueden cumplir con requisitos administrativos, generan sospechas sobre la existencia de prácticas que limitan la competencia y favorecen a determinados actores.
Asimismo, el PRI Estado de México exigió que se informe de manera puntual el avance de la carpeta de investigación relacionada con estos hechos, solicitando que se dé a conocer el estatus real de las indagatorias vinculadas con Ana María Castro Fernández y Elena García Martínez, al considerar que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió con los recursos públicos y quiénes son los responsables en caso de confirmarse irregularidades.
Con este posicionamiento, el PRI Estado de México reiteró la urgencia de que las autoridades actúen con responsabilidad y transparencia, garantizando que las investigaciones no queden estancadas y que se rindan cuentas claras, insistiendo en que la lucha contra la corrupción no puede quedarse en discursos, sino que debe traducirse en acciones concretas que devuelvan la confianza a la ciudadanía y aseguren que el dinero público sea utilizado en beneficio de la gente.