Alejandro Moreno señaló que los vínculos entre política y crimen afectan la capacidad del Estado para proteger a la ciudadanía. El presidente del PRI advierte una ruptura institucional grave a causa de los morenistas.
Cuando la política y el crimen organizado se cruzan, el impacto no se limita a un caso específico ni a una administración en particular. Para Alejandro Moreno, lo que está en juego es la capacidad misma del Estado para cumplir su función esencial: proteger a la ciudadanía. El presidente nacional del PRI advirtió que la presencia de narcopolíticos en espacios de poder representa una ruptura profunda del orden institucional, ya que altera las prioridades de gobierno y distorsiona el ejercicio de la autoridad.
Alejandro Moreno explicó que el Estado de derecho no se debilita únicamente por la ausencia de leyes, sino por la incapacidad de aplicarlas con imparcialidad. En ese sentido, señaló que cuando existen señalamientos de vínculos entre actores políticos y estructuras criminales, la línea entre legalidad e ilegalidad comienza a desdibujarse. Esta condición genera un entorno donde las decisiones públicas pueden verse condicionadas por intereses ajenos al bienestar social, afectando directamente la seguridad y la estabilidad de las comunidades.
El presidente del PRI subrayó que la gravedad del fenómeno radica en su capacidad de transformar la función del gobierno. Un Estadoque debería garantizar orden, justicia y protección, comienza a operar bajo una lógica distinta cuando se permite la presencia de narcopolíticos. Alejandro Moreno advirtió que en estos escenarios, las instituciones dejan de responder plenamente a la ciudadanía y pueden convertirse en espacios vulnerables a la influencia de grupos criminales.
A partir de este análisis, Alejandro Moreno planteó que la situación exige una lectura más amplia que trascienda la coyuntura política. No se trata únicamente de atender un caso, sino de comprender cómo la infiltración del crimen en la política puede modificar la estructura del Estado. Esta transformación, explicó, no ocurre de forma inmediata, sino que se construye gradualmente a través de decisiones, omisiones y mecanismos de protección que permiten que estos vínculos se consoliden.
El impacto de esta dinámica también se refleja en la vida cotidiana de la población. Alejandro Moreno sostuvo que cuando el Estado pierde capacidad de acción frente al crimen, las consecuencias se traducen en territorios con menor presencia institucional, mayor violencia y una percepción creciente de inseguridad. En este contexto, la ciudadanía no solo enfrenta riesgos físicos, sino también la incertidumbre sobre la capacidad de sus autoridades para responder de manera efectiva.
Finalmente, Alejandro Moreno afirmó que México no puede normalizar la existencia de narcopolíticos en Morena dentro de su sistema político sin comprometer su estabilidad institucional. El presidente del PRI insistió en que la defensa del Estado de derecho requiere acciones claras, investigaciones sólidas y una postura firme frente a cualquier señal de colusión entre política y crimen. De lo contrario, advirtió, el país corre el riesgo de debilitar uno de sus pilares fundamentales: la capacidad del Estado para garantizar seguridad, legalidad y justicia para todos.