El PRI Estado de México sostiene que, tras el fracaso del “Plan A”, la nueva propuesta no busca ahorrar, sino debilitar contrapesos y redirigir recursos con fines políticos.
Durante la conferencia de prensa encabezada por la líder del PRI Estado de México, Cristina Ruiz, el debate sobre la reforma electoral volvió a escalar tras el rechazo del llamado “Plan A”, una propuesta que ni siquiera logró el respaldo de los aliados del oficialismo. Para el PRI Estado de México, ese antecedente deja claro que el problema no era de forma, sino de fondo: una iniciativa que buscaba concentrar poder y reducir los contrapesos democráticos.
A partir de ese escenario surge el llamado “Plan B”, que, según el discurso oficial, pretende generar ahorros. Sin embargo, el PRI Estado de México cuestiona esta narrativa y advierte que no existe un solo recorte real al gasto del gobierno federal, lo que pone en duda el verdadero objetivo de la propuesta.
Desde el priismo mexiquense se señala que el supuesto ahorro no provendría de reducir estructuras gubernamentales, sino de afectar recursos destinados a espacios de representación local, como ayuntamientos y congresos. Es decir, advierten, el impacto recaería en quienes tienen contacto directo con la ciudadanía.
El PRI Estado de México sostiene que este enfoque revela una lógica política: debilitar a las estructuras que equilibran el poder y que representan voces distintas. En lugar de fortalecer la democracia, aseguran, se estaría limitando la capacidad de respuesta de los gobiernos locales.
En ese contexto, el partido advierte que el problema no es únicamente presupuestal, sino institucional. Cuando el argumento del ahorro se utiliza para justificar decisiones que concentran el poder y reducen la pluralidad, lo que se pone en riesgo no es el gasto, sino el equilibrio democrático del país.
